En la nueva guerra fría tecnológica que se libra entre Estados Unidos y China, las reglas del libre mercado han saltado por los aires. Acabamos de presenciar uno de los movimientos más brutales y sin precedentes de la historia reciente de la industria: el gobierno de Estados Unidos ha comprado una participación del 9,9% en Intel, inyectando la friolera de 8.900 millones de dólares para rescatar a su antiguo campeón nacional.
Pero la noticia no es solo el dinero. Lo verdaderamente escandaloso, como informan medios como The Wall Street Journal y Reuters, es que, a cambio de esta «nacionalización» parcial, el gobierno ha eximido a Intel de cumplir con algunas de las obligaciones más duras de la Ley de Chips, la misma ley de la que proceden los fondos. Es un trato de favor descarado, una prueba de que, en esta guerra, hay jugadores de primera y de segunda.
Un cheque en blanco para el ‘campeón nacional’
La Ley de Chips se diseñó para revitalizar la industria de semiconductores estadounidense, sí, pero venía con una letra pequeña muy estricta para las empresas que recibían el dinero: limitaciones a la inversión en China, obligaciones de compartir los beneficios si los proyectos tenían éxito y una serie de requisitos laborales.
Pues bien, para Intel, muchas de esas reglas ya no aplican. Tras el acuerdo, la compañía ya no tendrá que devolver al gobierno una parte de los beneficios que generen sus nuevas fábricas. Tampoco tendrá que cumplir con la mayoría de las restricciones y políticas de flujo de trabajo. La única condición que se mantiene es la prohibición de usar el dinero público para la recompra de acciones o el pago de dividendos.
Es, en la práctica, un cheque en blanco. Un rescate en toda regla a una compañía que se ha visto superada tecnológicamente por la taiwanesa TSMC y la surcoreana Samsung.
La estrategia: crear un ‘campeón anti-China’ a cualquier precio
Este movimiento no es una simple inversión financiera. Es una decisión puramente geopolítica. Estados Unidos está aterrado por su dependencia de Asia para la fabricación de los chips más avanzados. La crisis de Intel y su incapacidad para competir con TSMC se ha convertido en un problema de seguridad nacional.
La estrategia de Washington es clara: hay que crear un «campeón nacional» que pueda competir con los gigantes asiáticos a cualquier precio, incluso si eso significa romper sus propias reglas y regar con dinero público a una empresa privada. La inversión total del gobierno en Intel, sumando las diferentes partidas, ya supera los 11.000 millones de dólares.
Una industria de dos velocidades
La exención de las reglas para Intel crea una peligrosa industria de dos velocidades. Mientras que otras compañías que reciben fondos de la Ley de Chips tendrán que cumplir con todas las estrictas condiciones, Intel, ahora participada por el gobierno, jugará con sus propias reglas.
Es una medida proteccionista que, aunque puede tener sentido desde una perspectiva de seguridad nacional, sienta un precedente muy peligroso. Es el gobierno eligiendo a sus ganadores y perdedores, distorsionando el mercado en nombre de la guerra tecnológica contra China.
¿Es legítimo que un gobierno rescate y dé un trato de favor a una de sus empresas estratégicas? ¿O es una traición a los principios del libre mercado? El debate sobre el papel del Estado en la nueva economía del silicio está más caliente que nunca. Déjanos tu opinión en los comentarios y únete a la discusión en Instagram, Facebook y YouTube.