La ofensiva institucional en Francia contra la dependencia digital de los menores ha dado un paso de gigante, aunque con un sabor agridulce y lleno de contrastes jurídicos. Por un lado, el presidente francés, Emmanuel Macron, ha anunciado la promulgación de una ley estricta que prohíbe el uso de teléfonos móviles en los campus de las escuelas secundarias a partir de este mismo semestre de otoño.
Sin embargo, este movimiento llega apenas unos días después de que el máximo órgano constitucional del país frenase en seco los planes para vetar el acceso a las redes sociales a menores de 15 años.
Tolerancia cero a las pantallas en las aulas
Durante su comparecencia, Macron fue contundente al señalar que blindar a los menores frente a los efectos nocivos de las pantallas se ha convertido en una emergencia absoluta. Bajo esta premisa, la nueva normativa —avalada por la aprobación parlamentaria del pasado 21 de julio— extiende la prohibición de usar teléfonos móviles y dispositivos de comunicación electrónica a los centros de enseñanza primaria, secundaria y bachillerato.
El objetivo prioritario del Ejecutivo es devolver la concentración a las aulas y erradicar las distracciones asociadas al ecosistema digital, recuperando espacios educativos centrados en la convivencia y el rendimiento académico.
El revés constitucional: freno a la prohibición de las redes sociales
La cara B de la estrategia gubernamental se produjo el pasado 14 de agosto, fecha en la que el Consejo Constitucional francés tumbó el proyecto de ley que pretendía prohibir el acceso a las redes sociales a los menores de 15 años.
Los argumentos esgrimidos por el organismo se centraron en la defensa de los derechos fundamentales:
- Violación desproporcionada: El tribunal determinó que la medida vulneraba de forma excesiva la libertad de expresión y comunicación.
- Falta de distinción: El proyecto carecía de matices respecto a la madurez individual, la edad exacta, el entorno familiar o los servicios específicos analizados.
- Mecanismos parentales ausentes: La norma tampoco contemplaba de forma clara cómo los padres podrían flexibilizar o ajustar las restricciones en función del interés superior del menor.
Veredicto institucional
Francia evidencia las enormes dificultades que afrontan los gobiernos para legislar en el ámbito digital. Mientras que prohibir los dispositivos físicos dentro del perímetro escolar cuenta con un respaldo legal sólido y una aplicación directa en los centros, regular el consumo de redes sociales choca frontalmente con los límites constitucionales de la libertad de expresión.
El nuevo curso escolar arrancará con aulas libres de teléfonos, pero con el debate abierto sobre cómo proteger a la infancia en el entorno online sin pisotear derechos fundamentales.
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